LA FRAGIL DEMOCRACIA MEXICANA

Rodolfo Bórquez Bustos *........

Estos procedimientos de manera general son: que todos los ciudadanos mayores de edad posean derechos políticos; todo voto goza del un mismo valor; los que tengan derechos políticos, se les debe garantizar que voten libremente; la regla de mayoría numérica debe respetarse, pero ninguna decisión tomada por la mayoría puede limitar o eliminar los derechos de la minoría, principalmente a que ésta tenga la opción de convertirse en mayoría en igualdad de condiciones; que los ciudadanos tengan asegurados todos los derechos para elegir a sus gobernantes, para ello deben estar garantizadas la libertad de opinión, de expresión de asociación de reunión etc.   Actualmente en México, técnica, teórica y formalmente, todos estos principios en tanto que procedimientos, prácticamente se cumplen de manera cabal, y las diversas instituciones del Estado vigilan para que ello sea así.

Si la transición mexicana hacia la democracia, la definimos formalmente como el paso de un régimen autoritario, hacia un régimen que cumpla con los procedimientos democráticos universales definidos por Bobbio y Dahl, tendríamos que aceptar que la transición en México a llegado a su fin.   En efecto, ha sido la aplicación real de estos procedimientos, que han permitido minar las formas totalitarias del viejo sistema de gobierno, principalmente el presidencialismo con su exagerado centralismo que apoyado en un partido de Estado, promovía relaciones políticas jerárquicas-verticales, sin ningún contrapeso real.   Por otra parte, esta transición ha sido favorecida por la aceptación ciudadana -aún de forma limitada-, de nuevos valores políticos vinculados a la práctica democrática, tales como: la aceptación de la pluralidad; ejercer el derecho de votar libremente; consentir que otro pueda tener una preferencia electoral distinta a la suya; compartir la idea que los cambios políticos deben realizarse pacíficamente a través del diálogo y el consenso; respetar las decisiones de la mayoría; la confianza en que los procesos electorales son imparciales, organizados y vigilados por el Instituto Federal Electoral, en tanto que institución neutral y ciudadanizada.

A pesar de todos estos avances realmente importantes, ello no significa que el establecimiento y consolidación democrática como pasos necesarios hacia su afianzamiento, ya exista.   Más bien, pensamos que de manera muy paulatina y excesivamente limitada, recién comienzan a darse los primeros pasos hacia el establecimiento de la democracia, con el desmantelamiento de ciertas reglas que sostenían el viejo régimen autoritario.

Sin embargo, cuando observamos en estos últimos meses el enrarecimiento de la vida política del país, influido principalmente: 1) Por los enormes grados de inseguridad pública. 2) Por el dominio que ha adquirido el narcotráfico logrando violentar cualquier regla, infiltrando instituciones del Estado, vulnerando espacios considerábamos de máxima seguridad, como son las cárceles, desafiando y muchas veces rebasando el poder del Estado. 3) Por la capacidad que tiene la delincuencia organizada para corromper, ejecutar y ocupar quien sabe cuantos espacios de poder. 4) Por la guerra frontal entre los partidos políticos, por la sucesión presidencial del 2006. 5) Por la maquinaria jurídica-institucional, montada por el gobierno y por diversos sectores conservadores, que pone en peligro la participación en la próxima contienda electoral por la presidencia, de Andrés Manuel López Obrador.  Por todas estas razones, pensamos que también existen grandes probabilidades de un quiebre de este frágil e incipiente proceso de establecimiento democrático.   En efecto, este período se empieza a parecer demasiado al año 94, época marcada por una profunda inestabilidad político-social, en que asesinan impunemente y en plena campaña al candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, estalla el levantamiento armado en Chiapas y asesinan a José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI,.

Es evidente, que actualmente la clase política ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas ya señalados, lo que pone en un real peligro a la naciente democracia mexicana.   Por ejemplo, frente a la inseguridad reinante en el país, el gobierno la única acción que ha llegado a tomar, ha sido destituir a ciertos jefes de las distintas corporaciones policíacas, cuando se consideró que éstos actuaron indebidamente.   Creemos que incluso destituyéndolos todos ellos, la inseguridad va a continuar, en consecuencia, si el Estado está perdiendo la batalla contra la delincuencia organizada, la sociedad debe exigir mil veces si es necesario, que se actúe con auténtica voluntad política, para crear y aprobar una verdadera reforma integral, que incluya todo el sistema de impartición de justicia, realizar una verdadera limpia de de las instituciones judiciales, y proponer la creación de instituciones éticas y moralmente eficientes, con sistemas rigurosos de control, sustentado en poderes y contrapoderes, como sucedió en los países que transitaron exitosamente de dictaduras hacia democracias actualmente consolidadas.  El caso español es elocuente al respecto, ahí fueron removidos todos los mandos superiores de la Guardia Civil y reformado a fondo todo el sistema de impartición de justicia franquista, por tal motivo dichas instituciones gozan actualmente de un gran prestigio y credibilidad, solamente fue necesaria voluntad política por parte de los gobernantes.

Pero también, es importante visualizar a largo término, un proyecto económico y socialmente incluyente, que tenga como fin un desarrollo equitativo, humanamente y socialmente sustentable   Sociológica mente, se sabe que las sociedades más equitativas, con mayor desarrollo humano sustentable, tienen un Estado fuertemente preocupado y ocupado en resolver los problemas sociales relevantes de su población como son :trabajo, salud, educación y vivienda, este tipo de sociedades son las menos corruptas, caracterizadas por una gran participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, con mayores grados de seguridad y más transparentes en el ejercicio del poder, es decir sociedades donde sus habitantes viven más seguros, viven mejor en el sentido más amplio del término.

El caso mexicano, está muy pero muy lejos de este modelo.  En lo inmediato, como la clase gobernante no ha demostrado voluntad para resolver los problemas urgentes que le aqueja al país, la solución debe asumirla la sociedad civil, quien a través de la organización, participación y movilización, autónoma y permanente, debe exigir una solución de fondo al problema de la inseguridad, corrupción, politización de las instituciones judiciales etc., y de esta manera, evitar uno de las grandes amenazas que han puesto en peligro el proceso de avance hacia el establecimiento de una sistema democrático, evitando su quiebre y todo tipo de tentaciones autoritarias.

Con el propósito de comprender la vinculación entre sociedad civil y democracia, tenemos que ampliar este último concepto, rebasando su concepción instrumental-formalista retomada hasta aquí de Bobbio y Dahl.

En efecto, cuando se habla de democracia, nos encontramos enfrentados a que este concepto engloba una pluralidad de significados, es decir su naturaleza es polisémica.  Con el fin de sortear este obstáculo, los teóricos han construido una serie de modelos, de los cuales -por nuestro objeto de interés- analizaremos solamente dos.

Un primer modelo, lo podríamos clasificar como guardián o protector.   Inspirado en la doctrina liberal, la democracia es considerada como un régimen político, cuya principal misión consiste en proteger a los individuos de la acción de los otros, que puedan causarle algún daño, y al mismo tiempo proteger al conjunto de los individuos, de cualquier acto arbitrario del Estado.  En base a este principio general, se promueve principalmente el valor de la libertad, es decir son las personas quienes establecen libremente un contrato social, fijando las reglas que favorezcan su bienestar y la convivencia social pacífica entre los diversos individuos.  Este sería el fundamento del orden político, que se sustentaría institucionalmente:   1) En la vieja idea liberal de la división de poderes, -tanto a nivel político como territorial- que conlleva el equilibrio y contrapesos, que impiden la concentración única del poder, evitando de esta manera cualquiera forma de régimen centralizador, totalitario o tiránico.   2) En el respeto de los derechos civiles tales como son las libertades individuales de credo, de opinión, de propiedad, de asociación, de la vida privada etc. 3) En la constitución de un Estado de derecho, donde tanto los actos de los gobernados como de los gobernantes son sometidos al imperio de la ley. 4) En el la elección permanente de la clase gobernante, éstos deben participar en procesos electorales para ser elegidos, no pueden ser impuestos a través de fraudes o por la fuerza, además ellos se comprometen permanentemente rendir cuentas públicas, y someter sus decisiones políticas, a mecanismos de control institucional.

Uno de los objetivos de este modelo, es que el Estado represente los intereses más importantes de todas las personas, evitando así una democracia directa que traería consigo un exceso de participación, y que haría imposible el funcionamiento del sistema.   Pero también por medio de una serie de candados, se promueve el control institucional -no ciudadano- del Estado, evitando al mismo tiempo que éste se transforme en un instrumento de opresión contra los individuos.  Si el interés primordial de este modelo, es que el Estado está obligado a proteger la libertad de los individuos y grupos sociales, creemos que el Estado mexicano está cada vez más lejos de esta aspiración, cada mañana los ciudadanos comunes al salir de sus hogares, se encomiendan a todos los santos para "que no les pase nada", de ese tamaño es la inseguridad que reina en el país.   Ya hemos perdido la cuenta de los asesinatos por secuestro, el robo de coches, el "arreglo de cuentas" entre narcotraficantes, el asesinato a diario de policías, linchamientos que cada vez son más comunes, los cientos de crímenes cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez y el año 2004 hemos alcanzado junto con Brasil, el vergonzoso record latinoamericano de ser el país donde se asesinaron más periodistas, cinco en cada uno de ellos.   Esta situación nos está indicando, que el Estado no realiza su tarea principal, que consiste en proteger a los individuos, mantener una sociedad segura, y lo que es más grave, observamos que el crimen organizado poco a poco ha ido rebasando al Estado, por tal motivo en México se habla de la "colombianización" del país.   Si este diagnóstico es cercano a la realidad, estaremos aproximándonos peligrosamente a una posibilidad de ingobernabilidad, lo que deja abierta muchas puertas a todo tipo de tentaciones autoritarias.

Por otra parte, en teoría es saludable la división de poderes, pero cuando observamos en el país la cantidad de controversias constitucionales que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la lectura que debemos hacer, es que ello obedece más bien a que la ingeniería constitucional que sirvió a un régimen autoritario presidencialista, ya no es más funcional para una democracia, las leyes tienen demasiados vacíos, lo que hace que el sistema de división de poderes constantemente se trabe, y que el poder ejecutivo y legislativo entren en conflictos, ya que en muchos casos no se sabe a ciencias cierta quien tiene la competencia.

Al respecto, recientemente el caso más elocuente lo constituye la actual controversia constitucional presentada por el Ejecutivo, en contra de las modificaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2005 hecha por la Cámara de Diputados.   El gran problema, es que este conflicto legal ha derivado hacia un asunto mucho más grave, que consiste en el hecho que la SCJN se ha mostrado sospechosamente parcial, manteniendo una postura abiertamente a favor del Ejecutivo, admitiendo los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo -de manera extremadamente rápida- la controversia constitucional interpuesta por Fox el 22 de Diciembre del 2004, periodo de receso del Poder Judicial de la Federación, donde su propia Ley Orgánica, no permite atender estos asuntos por considerarlos días no hábiles.   Además, estos ministros en receso asumieron funciones que solamente competen al presidente de la SCJN, al nombrar a Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministro instructor encargado de conocer la controversia.   Curiosa paradoja, la máxima institución del país que tiene como principal deber interpretar correcta y objetivamente las leyes, no interpretó adecuadamente las reglas que a ellos los rigen.   Al respecto, la Cámara de Diputados presentó a la misma SCJN cuatro incidentes de nulidad, y el viernes 7 de enero del 2005 el ministro instructor desechó ya dos, por ser "notoriamente improcedentes", lo que nos da una señal, que en el transcurso de este mes desechará las otras.

Otro caso donde hemos podido observar la parcialidad del Ministro Aguirre Anguiano, que deja de manifiesto su pasado panista -ocupó cargos de elección popular por ese partido-, fue el hecho de no permitir que el gobernador del estado de  Morelos Sergio Estrada Cajigal -militante del PAN-, fuera removido de su cargo, evitando de esta forma ser investigado por nexos con el narcotráfico.  Esta decisión del Ministro la tomó, a pesar que el Congreso de ese estado había aprobado por mayoría la destitución del gobernador.

Un último ejemplo reciente, es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpuso una controversia constitucional, para que la SCJN fuera quien decidiera si procede o no, la solicitud de desafuero contra el jefe del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, quien es acusado de no haber detenido la construcción de una calle -que iba a comunicar con un hospital-, en el tiempo señalado por el mandato judicial, es decir fue acusado de desacato.   López Obrador se defiende con documentos en mano, afirmando que sí detuvo la obra en la fecha establecida.  El Ministro Aguirre Anguiano, rechazó el trámite interpuesto por la Asamblea, pues su deseo, es que se lleve a cabo y así cimentar el camino para que este popular político de la izquierda mexicana -actualmente, es decir en enero del 2005 cuenta con un 75% de aprobación por parte de la sociedad- sea juzgado, posiblemente condenado y de esta forma impedirle a través de procedimientos seudo legales, ser candidato a presidente en las elecciones del 2006, ya que en todas las encuestas aplicadas a los probables candidatos, el Jefe del Distrito Federal les lleva la delantera.

Por estos y otros tantos casos, ya se habla en el Congreso de crear un Tribunal Constitucional para que resuelva las controversias entre poderes, e incluso algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de llevar a juicio político a ciertos ministros.   La forma tan enrarecida y politizada que se está dando este jaloneo entre los Poderes de la Unión, constituye un muy mal síntoma para la salud de de nuestra frágil democracia, y nos señala que es urgente avanzar en la reforma del Estado.

Con el fin de visualizar y buscar una respuesta de solución desde la sociedad civil, a la serie de peligros que atraviesa la naciente democracia mexicana, recurriremos a un segundo modelo teórico sustentado en la participación ciudadana, a este modelo por formalismo conceptual le llamaremos democrático participativo.

Los principales exponentes contemporáneos de este paradigma, son la alemana Hanna Arendt -La crisis de la República-, y su compatriota el sociólogo Jürgen Habermas -Problemas de legitimidad en el capitalismo tardío-, quienes entienden -con ciertas diferencias y matices- la democracia como una forma de vida y no solamente como una forma de gobierno sustentado en leyes e instituciones.

De forma muy reducida, la idea principal de estos pensadores es que el poder del Estado no puede ser entendido solamente como un instrumento violencia legítima, más bien hay que comprenderlo desde su génesis histórica, para poder concebir su función, es decir hay que visualizar al Estado como medio pero también como fin.   En este sentido, señalan que el poder del Estado es producto de la legitimidad que le otorgue el pueblo, es decir en un sistema democrático representativo, son los ciudadanos que gobiernan a través de múltiples procesos deliberativos sustentado en el diálogo y la argumentación, en consecuencia, los gobernantes no son los dueños de la espada para hacer uso de ella cuando algún burócrata "iluminado" así lo determine, más bien la espada de Damocles "pende" sobre la cabeza de los gobernantes.   En efecto, todo el sistema político está sujeto al poder que le otorgue los distintos procesos deliberativos que en su interior buscan acuerdos, este es el proceso que legitima la acción estratégica, es decir-en términos weberianos-, el poder del Estado sustentado en leyes racionales.   Por muy desarrollado que sea el poder del Estado, sabemos que en última instancia depende de la voluntad, de la acción concertada, de la opinión argumentada y deliberativa de los ciudadanos, quienes organizados en esferas públicas toman acuerdos, si el poder se ejerce contra esa voluntad de los ciudadanos, carece de legitimidad; aunque se mantenga por la fuerza de la espada, se sostiene frágilmente con dos pies de barro, es decir a la larga termina derrumbándose.

Teóricamente este modelo de democracia deliberativa o discursiva, ha sido planteada por Habermas- ¿Qué significa "política deliberativa" en: La inclusión del otro estudios de teoría política- donde la idea principal es que la formación de una opinión pública democrática, no solamente controle a posteriori el ejercicio del poder político, sino que en cierto modo también lo influya y por lo tanto lo programe.   Esta idea madre, ha sido magníficamente recreada en la práctica por el movimiento zapatista sintetizándola con el lema: "toda forma de poder debe mandar obedeciendo".  Pero también, la hemos podido observar en las enormes manifestaciones realizadas por los ciudadanos contra la delincuencia y la inseguridad, en la organización de los campesinos ecologistas de la sierra de Guerrero, en los grupos de mujeres que denuncian maltrato y acoso sexual, en los comités independientes de apoyo para castigar a los que han asesinado a las mujeres de Ciudad Juárez, en las Organizaciones no Gubernamentales que luchan contra las desigualdades que arroja el neoliberalismo y la globalización, en los múltiples comités ciudadanos que denuncian la violación a los derechos humanos etc.   Bajo un régimen democrático, estos procesos de entendimiento deliberativo en la práctica se dan de manera institucionalizada -en las cámaras por ejemplo-, y en las distintas redes de comunicación de las esferas públicas, organizadas de manera independiente por la sociedad civil.   En este sentido por ejemplo, es urgente que la sociedad civil en todo México se organice de manera autónoma para defenderse contra la delincuencia, pero al mismo tiempo una vez más, se movilice, demande muchas veces si fuera necesario y sensibilicen a los gobernantes, para que éstos tomen las medidas institucionales-estructurales, adecuadas con el fin de detener la enorme ola de inseguridad que reina en el país.

Probablemente el lector estará pensando que esta última propuesta es una utopía, un sueño irrealizable.   Creo que sí debe entenderse como utopía, pero en el sentido sociológico del término, es decir como una posibilidad histórica, como una campo de la realidad que se encuentra abierta a múltiples opciones de desarrollo, donde el sujeto puede elegir entre distintas opciones viables, y no como algo separado de la realidad.   Lo que sucede, es que el propio poder se apropia, promueve e impone en la realidad, una sinnúmero de de estructuras, parámetros o referentes cognitivos, que muchas veces oprimen el pensamiento emancipador.   Conceptos lineales y absolutos, como son por ejemplo: orden, obediencia a las autoridades, competencia económica global a través de la excelencia etc., poseen una fuerte carga axiológicamente positiva -parámetros que muchas veces no cuestionamos-, lo cual no siempre es evidente y se constituyen simplemente en pre-conceptos por los cuales nosotros organizamos comúnmente nuestros pensamientos.   Para dar un salto cualitativo en la organización de nuestro pensamiento, hay que lograr una ruptura epistemológica principalmente con todo tipo de metafísica, sentido común y pre-nociones.

Por tales razones, este paradigma tiene su origen en un pensar crítico, parte de la afirmación que conceptualmente el campo de interpretación por ejemplo de la democracia, no es uno sólo, sino más bien constituye una realidad histórica abierta a múltiples interpretaciones, es decir saca al conocimiento de cualquier marco formalista, lineal y estático, situándolo como una posibilidad dentro de lo que se considera viable; repensando el pensamiento.   Pero ¿cómo concretamente se puede avanzar dar un primer paso en la aplicación práctica de este modelo democrático participativo?

Para el tema que nos interesa, se debe educar a los ciudadanos en distintas dimensiones como pueden ser en el hogar, en las relaciones de pareja, en las escuelas, a través de los medios masivos de comunicación, para que adquieran valores democráticos, tales como: la tolerancia, la promoción del diálogo, de la solidaridad, la búsqueda de la igualdad -no solamente social, sino que también de géneros, y de razas- fomento a la participación en asuntos públicos, etc.

Una población educada, informada y comprometida con la democracia, logra participar activamente en los asuntos públicos en su colonia, en su lugar de trabajo, en la escuela, en asociaciones civiles, en corporaciones en general.  Es al interior de estos espacios, donde se deben construir esferas públicas, que las personas realicen deliberaciones colectivas con el fin de llegar a acuerdos a través del diálogo abierto, la tolerancia y la argumentación racional no manipulada, estas práctica inevitablemente promueve la máxima aspiración del sistema democrático: lograr un autogobierno y por ende una conciencia cívica.   Es decir, la idea suprema es acercar a los ciudadanos a que influyan en la toma de decisiones de las políticas públicas en todos los niveles de la sociedad, desde la escuela, en el lugar de trabajo, o el barrio, hasta el Estado.



BIBLIOGRAFÍA

1.-Arendt Hanna, Crisis de la República, Ed. Taurus, Madrid, 1977.
2.-Bobbio Norberto, El Futuro de la democracia, Ed. F.C.E., México, 1992.
3.-Dahl Robert, La democracia y sus críticos, Ed. Paídos, Barcelona, 1993.
4.-Habermas Jüngen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política,
  Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
4.-Habermas Juürgen, Problema de legitimidad en el capitalismo tardío,
     Ed. Amorrortu,Buenos Aires, 1977.

 

* Rodolfo Bórquez Bustos es doctor en Ciencia Política, por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Ddirector de Asuntos Académicos de la Academia de Ciencia Política de Acapulco, A.C.

Otros artículos del autor: La audiencia es el mensaje  Estudiar a los públicos http://www.etcetera.com.mx/pag46ne10.asp

 

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